- Noticia radio YSUCA [Radio YSUCA forma parte de la Vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA]… Ver/escuchar artículo web ysuca.org.sv
Un informe divulgado este día por la organización Socorro Jurídico Humanitario registra al menos 470 muertes de personas bajo custodia del Estado salvadoreño, ocurridas entre marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, y diciembre de 2025.
De acuerdo con el documento, aproximadamente el 31.8 % de las muertes fueron violentas, y en la mayoría de estos casos no se realizó inspección ocular policial ni se reconocieron como homicidios. La organización señala que muchas de las víctimas padecían enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, afecciones cardíacas, neumonía, enfermedades gastrointestinales y desnutrición severa, y fueron trasladadas a hospitales cuando ya se encontraban en estado crítico. Además, un 5 % falleció a causa de enfermedades terminales, como insuficiencia renal crónica o cáncer, que en muchos casos habrían sido adquiridas durante la reclusión.
El informe identifica al Centro Penal de Izalco como la prisión con mayor número de fallecimientos, concentrando el 40 % de los casos, seguido por el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, con el 19 %. En total, el 62 % de las personas murió en distintos centros hospitalarios, siendo el Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate, el que registra más casos, debido a su cercanía con el penal de Izalco.
En cuanto al perfil de las víctimas, el Socorro Jurídico sostiene que se trata mayoritariamente de personas capturadas arbitrariamente y sin vínculos con pandillas. El 92.6 % de los fallecidos eran hombres y el 7.4 % mujeres, incluidos al menos cuatro bebés muertos en prisión. Del total, 411 personas enfrentaban procesos relacionados con el régimen de excepción; el 84 % por el delito de agrupaciones ilícitas y un 3 % por el mismo delito y otros cargos. Entre las ocupaciones de las víctimas se identifican pastores evangélicos, comerciantes, taxistas y sindicalistas.
La organización denuncia que existe evidencia suficiente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Según el informe, un alto porcentaje de las personas ingresó al sistema penitenciario en buen estado de salud y falleció en menos de un mes, lo que, a criterio de la entidad, podría indicar homicidios.
El Socorro Jurídico también señala que la mayoría de los fallecidos se encontraba recluida en penales donde han sido enviados reos no pandilleros, como Izalco, Mariona, Quezaltepeque y Apanteos, mientras que del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT), donde se alberga a pandilleros, se conocen pocos casos de muertes.
El informe advierte sobre la grave proliferación de enfermedades dentro de los centros penales y la casi inexistente atención médica, lo que podría derivar en una epidemia de fallecimientos. Asimismo, denuncia que las torturas físicas continúan, incluso contra mujeres embarazadas, y que algunos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin notificar a las familias, cambiando incluso la identidad de las víctimas.
Finalmente, la organización sostiene que la cifra real de fallecidos podría ser mucho mayor, ya que la información oficial se mantiene bajo reserva, y estima que el número podría triplicar el documentado en el informe.